Suspendiste una oposición sin conocer los criterios: ¿puedes reclamar?

Te presentas a una oposición, resuelves el ejercicio conforme a las bases y, al publicarse las notas, descubres que cada pregunta tenía un peso diferente, que citar literalmente determinados artículos sumaba puntos o que no hacerlo suponía una penalización. Nada de eso se había comunicado antes.

En una situación así puede existir fundamento para reclamar. La razón no es que toda persona suspendida tenga derecho a una segunda corrección, sino que un proceso competitivo debe desarrollarse con reglas previas, públicas y aplicables por igual. El tribunal calificador dispone de margen técnico para valorar los ejercicios, pero ese margen no le permite crear después de la prueba condiciones que habrían podido cambiar la forma de prepararla o contestarla.

Las reglas relevantes deben conocerse antes del examen

El acceso al empleo público se apoya en los principios de igualdad, mérito y capacidad de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. El artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público añade, entre otras garantías, la publicidad de las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección y su discrecionalidad técnica.

La publicidad no se satisface únicamente anunciando las plazas y el temario. También exige que el aspirante pueda conocer antes de realizar la prueba las reglas de valoración que condicionan su respuesta, cuando estas no figuran ya con claridad en las bases.

El momento importa. Si una pregunta vale el doble que otra, el candidato puede distribuir el tiempo de forma distinta. Si una cita literal recibe una puntuación específica, puede orientar su preparación y decidir cómo redactar. Y si una respuesta incorrecta penaliza, esa regla influye incluso en la decisión de contestar o dejarla en blanco.

Publicar esas condiciones cuando el examen ya se ha celebrado no devuelve al opositor la posibilidad de adaptar su actuación. Por eso la transparencia previa funciona como una garantía frente a decisiones arbitrarias y permite controlar después que todas las personas fueron evaluadas con el mismo patrón.

Qué ha establecido el Tribunal Supremo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene una doctrina reiterada: los criterios de calificación deben ser anteriores a la corrección y ponerse en conocimiento de los aspirantes antes de realizar los ejercicios.

La STS 74/2022, de 27 de enero (recurso 8179/2019; ECLI:ES:TS:2022:233) aplicó esta regla a unas pruebas psicotécnicas. El perfil profesional, los factores valorados y el sistema de baremación se habían fijado antes de la prueba, pero no se comunicaron a los participantes. El Tribunal Supremo consideró vulnerados los principios de publicidad y transparencia y ordenó retrotraer el proceso para repetir la prueba con esos elementos previamente publicados.

La STS 1046/2022, de 20 de julio (recurso 6185/2020; ECLI:ES:TS:2022:3138) volvió a señalar que los criterios deben ser previos a la calificación y publicados antes de los ejercicios.

Esta doctrina no significa que cualquier documento redactado después del examen invalide la prueba. La STS 733/2023, de 5 de junio (recurso 772/2022; ECLI:ES:TS:2023:2616) distinguió entre verdaderos criterios nuevos y pautas internas que se limitan a ordenar o aplicar de forma homogénea los criterios ya contenidos en las bases. En ese asunto, el recurso fue desestimado porque las pautas posteriores no aportaban una ponderación o regla sustantiva nueva.

Un criterio nuevo no es lo mismo que una pauta de corrección

Esta diferencia suele decidir la viabilidad de la reclamación.

Puede existir un criterio sustantivo no publicado cuando, por ejemplo:

• Se asigna a cada apartado un valor que no podía deducirse de las bases.
• Se premia la cita literal de normas, sentencias o autores sin haberlo anunciado.
• Se penalizan omisiones, errores o respuestas en blanco conforme a una fórmula desconocida.
• Se establece una nota de corte o un mínimo por bloques después de celebrar la prueba, sin cobertura suficiente en la convocatoria.
• En una prueba psicotécnica no se revelan el perfil, los rasgos valorados o el sistema de baremación.

En cambio, puede tratarse de una pauta técnica de aplicación si el documento posterior se limita a coordinar a los correctores, ordenar una motivación o describir conocimientos que ya exigían con claridad las bases, sin crear pesos, penalizaciones ni requisitos nuevos.

El nombre del documento no resuelve la cuestión. Un acta titulada «instrucciones internas» puede contener una regla decisiva, mientras que un texto llamado «criterios de valoración» puede limitarse a desarrollar lo que ya estaba anunciado. Hay que comparar su contenido con las bases y con el examen.

Qué documentos conviene solicitar

Antes de redactar una impugnación, es preferible reconstruir la cronología. El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a acceder al procedimiento y obtener copia de sus documentos.

La petición debería identificar el proceso selectivo y solicitar, al menos:

1. Las bases y todas sus modificaciones o instrucciones complementarias.
2. El examen propio, completo y sin cortes, y el desglose de puntuación por pregunta o apartado.
3. Los criterios, rúbricas, plantillas o modelos utilizados para corregir.
4. Las actas en las que el tribunal aprobó o modificó esos criterios.
5. La fecha y el medio por el que se publicaron o comunicaron a los aspirantes.
6. La motivación individual de la calificación y, cuando sea relevante, las puntuaciones parciales de quienes corrigieron.
7. La documentación necesaria para saber si los ejercicios estaban anonimizados cuando se adoptaron o aplicaron las reglas.

No basta con recibir una explicación genérica después de reclamar. La Administración debe permitir comprobar de dónde sale la nota y si la regla aplicada existía en el momento oportuno. El acceso a datos de terceros puede requerir disociar información personal, pero esa cautela no justifica negar sin más el expediente relevante.

Conviene guardar también capturas o justificantes de las publicaciones electrónicas. Una página web actualizada no siempre muestra cuándo apareció por primera vez un documento.

Cómo se reclama una calificación

La vía concreta depende de las bases, del órgano convocante y de si la puntuación publicada es provisional o definitiva.

Si las notas son provisionales, debe utilizarse el trámite de alegaciones o reclamación previsto en la convocatoria. El escrito debería explicar qué regla no se publicó, por qué era relevante para realizar el ejercicio y cómo afectó a la calificación. Limitarse a afirmar que el examen «merecía más nota» suele ser insuficiente.

Frente a un acto definitivo puede proceder un recurso de alzada o, si pone fin a la vía administrativa, un recurso potestativo de reposición o directamente el recurso contencioso-administrativo. El pie de recursos de la resolución orienta, pero también debe contrastarse con las bases y con la normativa aplicable.

La pretensión ha de ajustarse al problema acreditado. Según el caso, puede solicitarse:

• Una nueva corrección conforme a los criterios válidos y previamente establecidos.
• La retroacción de actuaciones para repetir el ejercicio con las reglas publicadas.
• La anulación de la calificación y la continuación en el proceso si el expediente permite determinar el resultado sin sustituir el juicio técnico del tribunal.
• Una motivación individual suficiente y el desglose necesario para controlar la nota.

La consecuencia no es necesariamente declarar aprobado al recurrente. En muchas sentencias, el remedio consiste en volver al momento anterior a la irregularidad. Además, los tribunales pueden proteger los nombramientos de terceros de buena fe cuando el proceso terminó hace tiempo.

Los plazos son breves y agosto no siempre se descuenta

En vía administrativa, los recursos de alzada y reposición contra actos expresos tienen normalmente un plazo de un mes. Agosto no queda excluido de forma general del cómputo administrativo: habrá que aplicar las reglas de días hábiles o de fecha a fecha según cómo esté expresado el plazo y comprobar los festivos correspondientes.

Cuando el acto pone fin a la vía administrativa, el plazo ordinario para interponer un recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso es de dos meses desde el día siguiente a su notificación o publicación, conforme al artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En ese cómputo judicial sí existe una regla especial: el artículo 128.2 de la misma ley establece que durante agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, salvo en el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales.

No conviene aplicar esta regla de agosto a unas alegaciones o a un recurso administrativo. Tampoco esperar a obtener toda la documentación si el plazo de impugnación está avanzando: puede ser necesario presentar el recurso y pedir la ampliación o complemento del expediente dentro del propio procedimiento.

Cuándo tiene más recorrido la reclamación

El caso gana fuerza si existe un documento fechado después del examen que introduce una ponderación concreta; si las bases eran silenciosas; si la regla afectaba a la estrategia de respuesta; si la Administración no puede acreditar una publicación previa; o si la nota habría podido superar el corte al corregirse con las reglas anunciadas.

Es más débil cuando el criterio ya figuraba de forma clara en las bases, la pauta posterior solo coordinó a los correctores, la irregularidad no tuvo incidencia posible en el resultado o el acto se dejó firme sin recurrirlo a tiempo.

Antes de decidir, conviene preparar una tabla sencilla con cuatro columnas: regla aplicada, documento en el que aparece, fecha de aprobación o publicación e impacto en la nota. Esa comparación permite separar una discrepancia con la valoración técnica de una verdadera infracción de publicidad o motivación.

Si necesitas revisar un proceso selectivo, puedes consultar otros contenidos de nuestro blog jurídico o enviarnos las bases, tu examen y la resolución. Una revisión temprana permite comprobar la vía adecuada antes de que venza el plazo.